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AGO
Alertan sobre la escasez de fondos provinciales para políticas de la niñez

De cada 100 pesos del presupuesto provincial, apenas 1,7 están destinados a atender la situación de niños y adolescentes.

En el caso de los gastos del municipio, estos fondos alcanzan el 5 %. Los números se analizaron en la asamblea que el Consejo Municipal de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes celebró ayer en la plaza San Martín para reclamar un plan integral “de urgencia” para abordar las demandas relacionadas con la infancia.

El consejo está integrado por representantes de la provincia y el municipio, del Concejo Municipal, de los sindicatos de la educación pública y privada, de trabajadores del estado, colegios profesionales y organizaciones no gubernamentales vinculadas a la infancia. Y funciona como un “órgano autónomo, consultivo, asesor, de planificación y monitoreo de las políticas públicas y de todas las acciones gubernamentales y no gubernamentales referidas a las infancias, adolescencias y sus familias”, según lo define la ordenanza que lo creó, hace siete años.

A media mañana, en plaza San Martín, el consejo celebró una audiencia pública para visibilizar la situación en la que vive gran número de niños y niñas en la ciudad, denunciar el recorte de los fondos destinados a las áreas de gobierno encargados de proteger sus derechos y reclamar el cumplimiento de las legislaciones vigentes en materia de infancia y adolescencia.

Según advirtieron, las áreas relacionadas con la promoción y protección de los derechos (la Subsecretaría de Niñez Adolescencia y Familia en la provincia y la Dirección de Infancias, a nivel municipal) apenas reciben el 1,7 y el 5 %, respectivamente, de los presupuestos de cada jurisdicción, de los cuales la mayor parte están destinados al pago de salarios.

Por escrito
En una nota entregada al gobernador Miguel Lifschitz y la intendenta Mónica Fein, los integrantes del consejo advirtieron también sobre “la inexistencia de una política pública territorial que conlleve al acceso a derechos; el vaciamiento de los Centros de Convivencia Barrial, sin propuestas serias que comporten respuestas concretas y la existencia de dispositivos municipales destinados a la infancia integrados por dos o tres personas que trabajan diversas situaciones complejas de la población de todo un distrito”.

Y destacan que “se ha tomado conocimiento de respuestas alarmantes ante la situación de vulneración de derechos que se traducen en alojamientos en hoteles, pensiones o instituciones de encierro, existiendo abordajes con equipos reducidos (tres o cuatro personas) mediante un mecanismo administrativo rotativo, perdiéndose las referencias territoriales”.

Por último, reclaman el trazado de “un plan integral de urgencia respecto a la niñez y la adolescencia, en virtud de desestimar las propuestas punitivas hacia estos sectores y garantizar la protección y promoción de sus derechos”.



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