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MUNICIPALES: LA CONCILIACIÓN OBLIGATORIA EVIDENCIA LA FALTA DE UNA PROPUESTA SALARIAL SUPERADORA

La Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales solicitó, por la vía legal correspondiente, al Secretario de Regiones, Municipios y Comunas, que convoque de forma urgente a una nueva reunión de Paritaria a los fines de continuar con las negociaciones, como la única alternativa real y efectiva para encontrar una salida al conflicto que mantienen los trabajadores municipales en reclamo de una recomposición salarial.

En este contexto, FESTRAM llamó a los Intendentes a tener una actitud transparente y negociar de buena fe una recomposición salarial sobre la base de las necesidades de los trabajadores y las posibilidades económicas y financieras de los Municipios y Comunas. El gremio insta a la representación de los Jefes Comunales a abandonar la decisión de imponer las pautas que se originan en las decisiones del Gobierno Nacional y la condescendencia de la Provincia a estas políticas de ajuste que condicionan la libertad de la negociación colectiva.

Las medidas de fuerza y las movilizaciones que se concretaron en el mes de diciembre de 2016 exigiendo la apertura de paritarias, terminaron con un acuerdo impuesto bajo amenazas de poner fin a la negociación colectiva, pero también con el compromiso de reiniciar la discusión paritaria en Enero de 2017.

Los Intendentes no cumplieron con lo pactado para reabrir las paritarias el primer mes del año, no gestionaron la actualización de las depreciadas Asignaciones Familiares y en las reuniones posteriores se limitaron a hacer ofertas iguales a las que recibió el sector público provincial, incluso después de ser rechazadas también por otras organizaciones sindicales estatales.

CONCILIACIÓN OBLIGATORIA Y ESTADO DEL CONFLICTO

El pedido de la Conciliación Obligatoria aparece como un claro mensaje de la falta de voluntad de diálogo para la búsqueda de alternativas que permitan superar el conflicto, y deja de manifiesto que no están dispuestos a mejorar la oferta salarial para imponer pautas que constituyen un techo a la recuperación del poder adquisitivo del salario.

La decisión del Ministerio de Trabajo de la Provincia, además de ilegal e ilegítima, resulta una copia de la actitud asumida por el Gobierno Bonaerense en el conflicto docente, para limitar el derecho de huelga y la negociación colectiva.

La Conciliación Obligatoria que se dicta es una decisión unilateral subjetiva, porque las medidas anunciadas para la semana que viene están condicionadas para el caso que fracase la negociación en los próximos días, con lo cual el Ministerio presupone que los representantes de Intendentes y Presidentes Comunales no tienen propuestas, y consecuentemente se pretende disciplinar a los trabajadores limitando el derecho constitucional de huelga.

Los salarios de los trabajadores que fueron diezmados con inflación, tarifazos y aumentos desmedidos en la canasta básica alimentaria y escolar, se encuentran congelados desde Julio de 2016. Lo que implica -según datos del IPEC- que la pérdida del salario frente a la inflación a Febrero de 2017 es del 11,4 %; y con los datos de los primeros meses del año, la inflación proyectada estará por arriba del 22%. Con el Salario Mínimo Garantizado de $9.050 y una Canasta Básica Total medida por el INDEC en $13.180, los Estados Municipales y Comunales están dejando a miles de trabajadores debajo de la línea de pobreza.

En la Provincia de Santa Fe, las Asignaciones Familiares permanecen congeladas desde Agosto de 2014, abonándose $40 por cónyuge frente a los $231 que perciben el resto de los trabajadores, la asignación por hijo es de $260 con un retraso del 400% y la ayuda escolar anual para los trabajadores municipales es de $170, incomparables con los $ 808 que rigen en el sistema nacional. Las familias de los trabajadores deben afrontar una canasta básica escolar que se ubica en $1.215 por alumno.

En el marco de esta angustiante situación social, el Ministerio de Trabajo ha sido incapaz de hacer cumplir la Conciliación Obligatoria a Intendentes y Presidentes Comunales, sometiendo sus responsabilidades legales e institucionales a las decisiones autoritarias de los Jefes Comunales como los de la Ciudad de Las Rosas y San Carlos Centro, permitiendo en silencio, el abuso de autoridad y las prácticas antisindicales que los caracterizan.

La Conciliación Obligatoria dispuesta por el Ministerio de Trabajo -lejos de contribuir a la paz social- ha favorecido a exacerbar los ánimos entre los trabajadores y las autoridades comunales. Facilita mecanismos de amenazas de descuentos y medidas disciplinarias, en lugar de gestionar y proveer al diálogo en medio de un creciente malestar social de los sectores del trabajo.

Es por eso que reafirmamos que la salida de este conflicto, no está con la Conciliación Obligatoria, ni con imposiciones de techos salariales, sino en el diálogo social, que permita palear la crítica situación de los trabajadores dentro de un entendimiento responsable y equitativo en el marco de la Ley 9.996.



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